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Martes, 18 Agosto 2015 00:00

A dos años del gobierno del gran patrón

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Horacio Cartes se mueve en el escenario con la idea de que todo lo puede comprar. O vender. Así amasó su fortuna, compró un partido político, ganó las generales y las últimas internas de su partido.

Sus decires reflejan esa idea del mundo. No en vano para él, el país es “fácil como una mujer linda”. No en vano lidera la venta de recursos y bienes públicos por migajas a través de las Alianzas Público-Privadas (APP). No en vano es muy natural endeudar al país a treinta años. No en vano sus gestores desarticularon la Atención Primaria a la Salud. En esta concepción del mundo todo es mercancía: la mano obra, los remedios, la atención médica. O todo es activo financiero, aun el futuro. Claro, él no es el que concibe este mundo. Cartes encabeza el operativo más grande de saqueo de nuestros recursos y nuestra fuerza laboral. Un modelo prefigurado mucho antes de él, lo trasciende, lo excede. Él es el emisario para proteger el corredor principal de la reexportación, incluidos los cigarrillos y otras drogas. De paso, entra todo el modelo de extracción, con la mínima contención pública. La idea del país sin impuestos, sin controles en el desarrollo del capital, sin retenciones de la trasferencia de ganancias, sin impuestos por el uso del agua, entre tantas cosas.

El gran patrón se mueve así. En el gobierno del gran patrón, el padre de una persona secuestrada puede esperar el “momento oportuno”. En el gobierno del gran patrón si alguien le recuerda su vínculo con la dictadura de Alfredo Stroessner es seguramente porque Stroessner le robó la novia.

Cartes es la figura de recambio del modelo de saqueo. El anterior patrón en el gobierno, Juan Carlos Wasmosy, ya había rifado gran parte de los recursos: la línea aérea, el ferrocarril, la flota mercante del Estado, el Banco Nacional de Trabajadores…

En esta segunda oleada, vienen por todo.

Vienen a asegurar negocios trasnacionales, entre estos la cocaína, los cigarrillos, los transgénicos y los ensambles.

En la vida del gran patrón todo está bien. Ahora sus negocios se ampliaron en Brasil, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos.

 

El resto, es pavada. El resto es desorientación, incertidumbre y más miseria. El resto es esa gente que no progresa porque “no quiere trabajar” o que siempre piensa en hacer líos nomás.

Miércoles, 22 Julio 2015 15:18

Tekoporã

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El Programa Tekoporã está dirigido a familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, que cuente entre sus integrantes a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 18 años de edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Su objetivo es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, posibilitando que las niñas y niños de estas familias, ejerzan sus derechos para mejorar sus oportunidades futuras.

Tekoporã facilita el acceso de las niñas y niños al derecho a una alimentación y nutrición segura y adecuada, condicionante esencial para desarrollar sus capacidades de aprendizaje en el presente y futuro. Además de fortalecer la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en sus respectivos niveles educativos.

El Programa contempla las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC), y el acompañamiento socio-familiar por parte de técnicos sociales denominados “Guías Familiares”, quienes se encargan de visitar los hogares para verificar el cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de las familias, y brindar orientaciones vinculadas preferentemente al mejoramiento del hábitat familiar, así como los hábitos de higiene, ideas y acciones para mejorar la calidad de alimentos y la salud, además de orientar a las familias al acceso de los diversos servicios públicos.

Las participantes jefas de hogar, eligen una representante a nivel vecinal, designada como Madre Líder. La misma es la encargada de canalizar inquietudes comunitarias y apoyar el trabajo de los Guías Familiares. Asimismo, el Programa utiliza un medio de gestión en el que se coordinan acciones con las instituciones públicas encargadas de las políticas sociales sectoriales (Salud, Educación, Mujer, Discapacidad y otros). 

También gestiona la prestación de servicios públicos (Caminos, Agua, Saneamiento Básico), este espacio de articulación es denominado Mesa de Participación Ciudadana (MCP), y está integrado además por Autoridades Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil. Las MPC se constituyen en uno de los pilares de la estructura operativa del Programa y se encargan de la validación de las listas de potenciales beneficiarios a nivel territorial.

A través del Programa se apoya la formación de comités de pequeños productores y productoras, en base al principio de participación y empoderamiento, lo cual fortalece el capital social a nivel territorial. Además se promueve acciones para la generación de ingresos de las familias participantes en condiciones de implementar medidas para mejorar sus ingresos.

Con el Componente de Inclusión financiera “Kakuaa” se prepara a las familias para su autosustentabilidad, el mismo comprende la capacitación en el uso del cajero automático, educación financiera e importancia del ahorro. A la fecha, más de 16.000 familias han sido capacitadas, todas las familias de Tekoporã, al término de la capacitación, tendrán la habilitación de una Cuenta de Ahorro con este Componente.

El Programa Tekoporã llega actualmente a más de 100 mil familias, superando la meta propuesta del año 2014. Se ha logrado el 99 % de cobertura de las comunidades indígenas en el Departamento de Alto Paraguay, y un 84 % en Presidente Hayes.

 

Tekoporã es el Programa Social de mayor cobertura territorial, y forma parte del Programa Nacional de Reducción de la Pobreza “Sembrando Oportunidades”. 

 

 

Observadores internacionales señalan que vicios del proceso contra campesinos acusados por la masacre de Curuguaty ameritan la nulidad de la acusación y piden la libertad de los labriegos.

Los observadores internacionales del caso Curuguaty, el abogado argentino Rodolfo Yanzón y el sociólogo alemán Robert Grosse, ambos expertos en derechos humanos, dieron una conferencia de prensa en el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) sobre sus observaciones en el caso Curuguaty. Estas personas han decidido hacerse parte de la campaña Somos Observadores en exigencia de trasparencia, publicidad, garantías procesales para el juicio oral programado para el próximo 22 de julio en el caso masacre de Curuguaty.

En la conferencia de prensa también participaron monseñor Melanio Medina, Élida Benítez, familiar de víctimas de la masacre y actual vocera de la comisión “Yvy Ñande Rekove”, que ha reocupado las tierras de Marina Cue hace poco más de una semana, y Cristina Coronel, representando a la Articulación x Curuguaty.

Yanzón y Grosse hicieron hincapié en la necesidad de revisión absoluta del proceso judicial llevado hasta el momento en tanto este no ha cumplido la más mínimas normas de una debida investigación, por una parte, ni ha habido leal cumplimiento del debido proceso en lo estrictamente jurídico. Indicaron además que la situación de coacción que sufre la defensa técnica de los acusados repercute en la credibilidad del proceso y en la credibilidad de sus resultados, puesto que los abogados Vicente Morales y Guillermo Ferreiro deberán actuar en el juicio con un sumario a cuestas por supuestamente dilatar el proceso ante las objeciones contra las arbitrariedades cometidas contra los campesinos acusados.

Yanzón recomendó anular este proceso para iniciar otro que ofrezca garantías de búsqueda de verdad y justicia. Grosse, por su parte, pidió al papa Francisco haga un llamamiento a las autoridades a tomar en serio el caso y recuperen las tierras públicas que siguen en poder de Campos Morombí. Así también solicitó la inmediata libertad de los acusados, pues de la manera en que se ha llevado el proceso no es creíble ni sustentable la acusación de la fiscalía.

 

La comisión observadora también sostuvo reuniones con los familiares de las víctimas, organizaciones sociales y eclesiásticas, así como con personalidades de la Iglesia Católica y con referentes de la Articulación por Curuguaty.

http://ea.com.py/v2/caso-curuguaty-piden-nulidad-del-proceso-contra-campesinos/

Lunes, 22 Junio 2015 14:19

Tres años del golpe parlamentario

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El 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo era destituido por el Congreso luego de un juicio político exprés en que se lo condenaba por “mal desempeño de sus funciones”.

El 22 de junio de 2012 el presidente Fernando Lugo era destituido por el Congreso luego de un juicio político exprés en que se lo condenaba por “mal desempeño de sus funciones”. La masacre de Curuguaty, en la que el 15 de junio de eso año fallecieron 11 campesinos y 6 policías, fue el hecho que detonó el proceso destituyente, aunque el gobierno del exobispo ya venía siendo amenazado desde antes, sobre todo luego de haber impulsado una mensura en el distrito de Ñacunday, departamento de Alto Paraná, en tierras que se encontraban explotadas presuntamente de forma irregular por el terrateniente brasileño Tranquilo Favero.

Tras la destitución, asumió el entonces vicepresidente, el liberal Federico Franco, quien abrió una línea de gobierno que sería profundizado por el actual mandatario, Horacio Cartes, con el creciente endeudamiento a través de los “bonos soberanos” y la acelerada y secretista liberación de eventos transgénicos sin seguir los protocolos establecidos en la ley. Su gestión terminó como una de las más impopulares de la llamada “transición democrática” y golpeada por múltiples escándalos de corrupción.

Si bien la institucionalidad de la República parece haber retornado a su curso –fundamentalmente por la participación de exponentes del gobierno de Lugo en las elecciones del 21 de abril de 2013 en las que resultó ganador el actual presidente–, las secuelas de golpe se siguen manifestando con un gobierno que ha acumulado poderes inconstitucionales y que ha profundizado el patrón represivo contra los grupos organizados, incluyendo a estudiantes secundarios que ahora se encuentran imputados y procesados por “perturbación de la paz pública” a raíz de una manifestación realizada en octubre 2014 pidiendo una entrevista con la ministra de Educación, Marta Lafuente, y en la que pidieron mayor presupuesto para el sector.

Las masacres pasaron a ser instrumentos ideales para justificar políticas arbitrarias. El 17 de agosto de 2013, dos días después de la asunción Cartes, en una estancia en el departamento de San Pedro aparecían muertos cuatro peones y un policía que en su “tiempo libre” trabajaba como guardia armado en un establecimiento ganadero. El ataque fue atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Rápidamente el Ejecutivo presentó un proyecto de modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que lo habilita a recurrir a los militares en cuestiones de seguridad interna sin necesidad de que el Congreso declare el estado de excepción.

Además de los planes de ajustes con recortes en salud y educación en el marco de la “ley de responsabilidad fiscal”, el gobierno hizo aprobar la Ley de Alianza Público-Privada (APP), que permite al poder Ejecutivo concesionar al sector privado de manera unilateral todos los bienes y recursos públicos por plazos de hasta 40 años. No obstante, a raíz de las internas por la presidencia de la Asociación Nacional República (ANR), los colorados que apoyan a Mario Abdo Benítez lograron modificar un artículo de la ley para que los proyectos deban ser aprobados por el Congreso, pero que chocó en la Cámara Diputados con una mayoría oficialista que reemplazó esta modificación por un informe semestral que mantiene las prerrogativas del Ejecutivo en el manejo de los contratos. Como producto de este enfrentamiento, también fue rechazada la Ley de garantías para las inversiones, que contempla congelamientos impositivos por hasta 20 años.

La creciente ola de represión y las políticas económicas tendientes a favorecer al empresariado en detrimento del resto 

de la población, trajo también una inédita reorganización del campo sindical y campesino con la realización de la primera huelga general luego de 20 años el 26 de marzo de 2014. Para este agosto, cuando se cumplan dos años de la asunción de Cartes, se tiene agendado otro paro similar convirtiéndose este gobierno en el primero en enfrentar dos medidas de fuerza de esta naturaleza.

Otra línea maestra en las políticas de este periodo son los tarifazos, con un aumento en el precio de los peajes que llega hasta un 300%, además de la suba del pasaje del transporte urbano y el inminente aumento del gas y la electricidad. Estas medidas son denunciadas por organizaciones sociales como una antesala a la privatización, pues para mermar la impopularidad que puedan tener las APP los precios son aumentados de antemano a fin de que estas subas no sean atribuidas a la delegación de los servicios al sector privado.

 

Por último, las víctimas de la masacre de Curuguaty siguen en su reclamo de justicia, reparación y recuperación de las tierras usurpadas por Campos Morombí. El gobierno, en cambio, sigue haciendo oídos sordos a estas reivindicaciones demostrando con sus actos cuál fue el motivo subyacente de aquel apurado proceso: profundizar el modelo del agronegocio fundamentado en la tenencia ilegal de tierras con un Estado que, renunciando a su rol de garante de derechos, entra a actuar con un implacable poder de fuego ante cualquiera que se interponga.

http://ea.com.py/v2/sigue-invasion-a-territorio-ayoreo/

Asunción, IP.- El Ministerio de Salud (MSP) y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) reiteran la alerta preventiva emitida tras confirmarse el sexto caso importado de sarampión en Chile, coincidiendo con el desarrollo de la Copa América 2015 en ese país.

La cartera sanitaria exhorta a la población a la vacunación con la dosis de SR o SPR, disponible de forma gratuita en todos los servicios de salud.

La misma Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan  la vacunación 10 a 15 días  antes de viajar rumbo a cualquier destino fuera del país, tras su alerta a nivel regional.

Igualmente si la persona nació después del año 1966 y no puede demostrar que está vacunado y protegido contra el sarampión.

En ese contexto, Sonia Arza, titular del PAI, recuerda que se mantiene un trabajo coordinado en inmunización del viajero desde el 2013, siendo atendido este tipo de situaciones con mucho adelantamiento.

Cabe señalar que existe coordinación con las Agencias de Turismo, mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MSP y la Secretaria Nacional de Turismo contemplando actividades de concentración masiva como la Copa América.

“Hemos dado protección a muchos viajeros internacionales, alertado en forma permanente sobre los riesgos que implica la todavía presencia de sarampión en la Región, Brasil lo sigue padeciendo”, añadió.

“En enero de este año, Estado Unidos  informaba la reintroducción de casos a través del parque recreativo de Disney y su posterior disipación en cinco estados. Ahora Chile ya confirmó su cuarto caso”, sostuvo Arza, destacando que nuestro país viene cumpliendo bien la tarea de prevención en materia de inmunización.

Paraguay logró su certificación como país libre no solo de Sarampión, sino de Rubeola, en setiembre de 2014. La culminación y revisión exhaustiva de la campaña nacional realizada el año pasado fue el último peldaño para alcanzar la certificación.

 

Igualmente declaró que este proceso es dinámico y en cualquier momento se puede dar la importación, sobre todo cuando una persona no se encuentra protegida contra estas enfermedades evitables mediante la vacunación.

El 22 de junio próximo 13 campesinos enfrentarán un juicio oral por el caso Curuguaty. La mayoría de ellos se exponen a una pena de hasta 25 años de cárcel. Justicia aún no resolvió de quién es la propiedad.

El próximo lunes se cumplen tres años del día en que 11 campesinos y 6 policías murieron en un desalojo  en las tierras conocidas como Marina Cué, en Curuguaty. El juicio oral y público a 13 acusados se iniciará el 22 de junio, mientras que se sigue alargando el proceso civil para definir a quién pertenece la propiedad donde se produjo aquella matanza.

Por un lado, la Fiscalía sostiene que un grupo de policías fueron emboscados por los ocupantes de la tierra. La acusación se basa en los testimonios de los agentes que participaron del operativo aquel 15 de junio del 2012.

En contrapartida, la defensa denuncia varias irregularidades en la causa, entre otras el hecho de que el fiscal del caso, Jalil Rachid, decidió solamente investigar la muerte de los policías y no la de los labriegos. Los abogados defensores sostienen que los ocupantes no eran más de 50, mientras que la Policía tenía a más de 300 efectivos en el lugar.

La Fiscalía acusó a 10 campesinos por los delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio en grado de tentativa. Dos fueron acusados por invasión de inmueble y otro campesino por frustración de la persecución y ejecución penal.

EL TÍTULO. Paralelamente al proceso penal se desarrolla un litigio en el ámbito civil por la titularidad de Marina Cué entre la empresa Campos Morombí y el Estado. Para la defensa, saber a quién pertenece la propiedad es clave ya que esto podría anular la acusación por el delito de invasión de inmueble, ajeno si se confirma que las tierras pertenecen al Estado.

Por su parte, el fiscal Rachid afirma que los ocupantes no eran titulares del inmueble y no tenían autorización alguna para estar ahí.

Dante Leguizamón, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), explicó que el caso civil está en la Corte desde hace más de un año, debido a un pedido de regulación de honorarios formulado por abogados del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

En mayo del año pasado, la Sala Constitucional se ratificó a favor del Estado en el proceso por las tierras. De esta forma, el juzgado debe resolver la acción autónoma de nulidad planteada por el Indert para anular el juicio en el que Campos Morombí ganó las tierras por usucapión. Desde mayo, el expediente no bajó de la máxima instancia judicial por el pedido de regulación, por lo que el proceso no puede continuar en primera instancia.

 

SUMARIADOS. Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, abogado de 11 de los 13 campesinos acusados, se encuentran sumariados actualmente por supuestas acciones dilatorias en el proceso. Ambos profesionales aseguran que el sumario se basa en hechos falsos e incluso denunciaron a los auditores de la Corte que dictaminaron a favor del sumario.

http://www.ultimahora.com/a-3-anos-matanza-juicio-se-iniciara-y-aun-no-definen-titularidad-tierras-n904631.html

Mayo 2015– Sin ocuparnos aquí de los aspectos jurídicos de las modificaciones a la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, pasamos a enumerar algunas de las implicancias sociales y políticas de la militarización.

·         Se produce un retroceso a la Doctrina de Seguridad Nacional, esencialmente antidemocrática, aplicada desde la década del 50 a lo largo del Continente para establecer y mantener gobiernos dictatoriales.

·         La utilización de las Fuerzas Armadas desnuda el vacío de los gobiernos democráticos en cuanto a la gestión de la seguridad democrática y justicia social.

·         Se militariza el poder político, reduciendo el rol de las FFAA a instituciones colaboracionistas de un determinado gobierno.

·         Se abandona una estrategia democrática institucional por la aplicación de una lógica de guerra, en donde se busca el orden a través de la eliminación del conflicto o sujetos que signifiquen amenazas al orden.

·         Se exacerba la función militar, la transmisión ideológica y de pensamiento autoritario (mentalidades antidemocráticas), relegando la participación ciudadana en el espacio de la política nacional y la cuestión de la seguridad.

·         Se suplantan políticas sociales por el aumento de la judicialización y criminalización de los conflictos sociales, priorizando el gasto armamentista.

·         Se transita rápidamente de un Estado social de derecho hacia un Estado punitivo y represivo, que se traduce en mayor represión, uso de la fuerza, aumento de penas, colapso del sistema carcelario y abuso de autoridad.

 

·         Existe el riesgo de profundizar una “guerra irregular”, expandir el terror desde el mismo Estado al utilizar la fuerza letal contra poblaciones campesinas de manera impune.

La CONATEL prácticamente realizó una “barrida”  a las Radios Comunitarias, como el caso de “Tape Pyahu” y “Ka’aguy Poty”, en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción, hacia el norte del país.

Con policías y militares de la Fuerza de Tarea Conjunta procedieron a incautar sus equipos, ayer jueves 04 de mayo. En el caso de la radio comunitaria “Tape Pyahu”,  es una emisora autorizada por la CONATEL, se encuentran al  día en sus pagos de impuestos y aranceles. En tanto “Ka’aguy Poty”, hace años gestiona ante el ente regulador de las telecomunicaciones  pero nunca obtuvieron respuestas a sus pedidos y presentaciones.

Abel Areco, abogado de la Iniciativa por la Democratización de la Información DEMOINFO – Paraguay, dijo que es sumamente grave la actuación de los funcionarios de la CONATEL, quienes procedieron al decomiso total de los equipos sin ningún sumario y orden de allanamiento. Es un hecho grave, que el ente regulador de la CONATEL, supuestamente una institución seria, actúe de esa manera, sin recabar todos los antecedentes y situación legal de la radio, ocasionando daños irreversibles a  las organizaciones y a las propias comunidades, reiteró.

Si no se hubiese denunciado la operación arbitraria e ilegal del CONATEL, la radio comunitaria “Tape Pyhu”, no hubiera recuperado sus equipos. Areco, cree conveniente que las organizaciones sociales repudien  y denuncien estos hechos porque son las propias comunidades las que están siendo atropelladas  y están pasando un mal momento.

 

Frank La Rue, ex relator de la ONU, en el caso paraguayo, había criticado a las autoridades por las restricciones legislativas impuestas a las radios comunitarias. Decía que una frecuencia no autorizada no puede ser considerada delito. Es una falta administrativa, no un delito, pues se está haciendo un uso público de las frecuencias que son patrimonio de todos, puntualizaba.

El proyecto de ley que protege la maternidad y promueve la lactancia materna a través de la extensión  del permiso a cuatro meses y medio desde el momento de dar a luz, con un subsidio del 75 por ciento del Instituto de Previsión Social, fue aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados.

El mismo propone modificar el código laboral y otorgar 18 semanas de permiso por maternidad a las trabajadoras del sector público y privado. Además, incluye dar 2 semanas de permiso a los padres, quienes actualmente solo cuentan con 3 días de licencia según lo establecido.

Este permiso también contempla para las madres adoptantes, siempre que se cumplan ciertos requisitos.

“La aprobación del proyecto es un avance en nuestro país para la protección de los niños desde su nacimiento y por ende se les garantiza un mejor crecimiento y desarrollo integral físico, psíquico e intelectual, que solamente puede otorgar la lactancia materna”, refirió el diputado Juan Félix Bogado.

Asimismo señaló que “es importante la responsabilidad social empresarial como factor que posibilite mayor efectividad en la aplicación de esta ley que beneficiará en el largo plazo a absolutamente todos los sectores involucrados”.

Resaltó que la Organización Mundial de la Salud y absolutamente todas las sociedades científicas concluyen que la leche materna es irremplazable con otros sustitutos ya que es el único alimento que reúne todos los elementos esenciales para el neonato.

El legislador afirmó que con esta modificación, el país se coloca a la vanguardia con los demás países que cuentan con esta disposición.

Entre los puntos de la normativa se pueden citar, la prohibición del empleador de despedir a la trabajadora una vez que esta comunique su estado de gravidez. En caso de que el niño sea prematuro, el permiso se puede extender hasta 24 semanas.

También contempla que las madres tengan dos permisos al día para la lactancia y  que las empresas cuenten con una sala para que las mujeres puedan extraerse la leche.

 

Esta ley tuvo oposición de sectores empresariales, que argumentan que perjudicará la contratación de mano de obra femenina, según expresiones de Eduardo Felippo, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

 

Fuente IP

Un estudio sobre Maltrato Escolar realizado por el Ministerio de Educación y Cultura recoge cifras preocupantes sobre la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes.

Un estudio exploratorio realizado en instituciones de los departamentos Caaguazú, Central, Guairá, Itapúa, Presidente Hayes, Paraguarí y San Pedro y la ciudad de Asunción da cuenta de una necesidad de debate sobre la violencia sexual en la sociedad paraguaya.  30 casos de maltrato institucional; 24 casos de maltrato físico y en tercer lugar, 22 casos de abuso sexual. Sin embargo, si se toman en cuenta otros tipos de violencia sexual, las cifras ascienden a 52.

"Al agrupar los datos del gráfico dentro de la categoría deviolencia sexual que incluyen; abuso sexual, acoso sexual, coacción sexual y estupro, revela lo siguiente:son 52 casos del total de los 122 casos registrados. Este tipo de vulneración de derechos, es de tipo penal según la legislación nacional", expresa la publicación.

La investigación que lleva el nombre de “Estudio Exploratorio sobre Maltrato Escolar en Paraguay” fue realizado por  Base Educativa y Comunitaria de Apoyo(BECA) , Plan Paraguay y el Ministerio de Educación y Cultura. Recoge datos sobre situaciones de maltrato escolar en donde se identifican como agresores o agresoras, a docentes y/o directivos, pertenecientes a los niveles educativos Educación Escolar Básica y Educación Media, de gestión pública y privada subvencionadas de zona rural y urbana. Para la obtención de las informaciones se ha recurrido a las instancias descentralizadas tales como: coordinaciones departamentales y supervisiones administrativas y pedagógicas, además en algunos departamentos se recurrió a las CODENI y comisarías, precisa el informe.

Los casos registrados en el estudio corresponden a un total de 109 instituciones de las cuales 64 se encuentran en el área urbana y 45 en el área rural. De los 7 departamentos consultados, 5 departamentos presentan la mayor cantidad de instituciones educativas, docentes y matriculados en el área rural. En el caso de Asunción y Central, como es sabido, existe la mayor cantidad de instituciones educativas en el área urbana.

"Las situaciones de violencia sexual han sido ubicadas tomando como parámetro; en primer lugar las edades de las personas victimizadas, en concordancia con el marco normativo penal del país. Así, cuando se trata de personas menores de 14 años se tipifica como abuso sexual. En aquellos casos en que la persona cuenta con 14 a 17 años se tipifica como acoso sexual, y los casos de coacción sexual fueron registrados independientemente a la edad. En algunos expedientes se han consignado las denuncias como “supuesto” hecho de abuso sexual, o acoso sexual, los cuales, en este estudio han sido unifcados sin el calificativo de supuesto", explica.

MACHISMO Y ABUSO DE PODER

"La cantidad de casos vinculados a los delitos sexuales da cuenta que la dominación del cuerpo y de la sexualidad se constituye en uno de los mayores ejes sobre el cual se sostiene una relación de dominación, también en el marco de lo institucional, marcada por el abuso de poder. El cuerpo sexuado de una niña, niño y adolescente de esta forma pasa a ser objeto de deseo por parte del docente, lo cual se evidencia por la descripción de los hechos señalados en los registros", añade. 

"Según los relatos de las personas victimizadas se puede ver cómo expresan el avasallamiento sobre su cuerpo y su dignidad. El relato ha mencionado en primer lugar que existió intimidación, es decir hubo palabras, gestos, actitudes que ubican a los sujetos en situación de vulnerabilidad. La literatura da cuenta de que en todo abuso sexual, la fuerza siempre está presente, esta fuerza no sólo está medida o dada por la edad, sino sobre todo por el poder que la persona ejerce", sostiene.

 

Fuente Paraguay.com

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