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Nacionales

A 3 años de matanza, juicio se iniciará y aún no definen titularidad de tierras

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El 22 de junio próximo 13 campesinos enfrentarán un juicio oral por el caso Curuguaty. La mayoría de ellos se exponen a una pena de hasta 25 años de cárcel. Justicia aún no resolvió de quién es la propiedad.

El próximo lunes se cumplen tres años del día en que 11 campesinos y 6 policías murieron en un desalojo  en las tierras conocidas como Marina Cué, en Curuguaty. El juicio oral y público a 13 acusados se iniciará el 22 de junio, mientras que se sigue alargando el proceso civil para definir a quién pertenece la propiedad donde se produjo aquella matanza.

Por un lado, la Fiscalía sostiene que un grupo de policías fueron emboscados por los ocupantes de la tierra. La acusación se basa en los testimonios de los agentes que participaron del operativo aquel 15 de junio del 2012.

En contrapartida, la defensa denuncia varias irregularidades en la causa, entre otras el hecho de que el fiscal del caso, Jalil Rachid, decidió solamente investigar la muerte de los policías y no la de los labriegos. Los abogados defensores sostienen que los ocupantes no eran más de 50, mientras que la Policía tenía a más de 300 efectivos en el lugar.

La Fiscalía acusó a 10 campesinos por los delitos de asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio en grado de tentativa. Dos fueron acusados por invasión de inmueble y otro campesino por frustración de la persecución y ejecución penal.

EL TÍTULO. Paralelamente al proceso penal se desarrolla un litigio en el ámbito civil por la titularidad de Marina Cué entre la empresa Campos Morombí y el Estado. Para la defensa, saber a quién pertenece la propiedad es clave ya que esto podría anular la acusación por el delito de invasión de inmueble, ajeno si se confirma que las tierras pertenecen al Estado.

Por su parte, el fiscal Rachid afirma que los ocupantes no eran titulares del inmueble y no tenían autorización alguna para estar ahí.

Dante Leguizamón, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), explicó que el caso civil está en la Corte desde hace más de un año, debido a un pedido de regulación de honorarios formulado por abogados del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).

En mayo del año pasado, la Sala Constitucional se ratificó a favor del Estado en el proceso por las tierras. De esta forma, el juzgado debe resolver la acción autónoma de nulidad planteada por el Indert para anular el juicio en el que Campos Morombí ganó las tierras por usucapión. Desde mayo, el expediente no bajó de la máxima instancia judicial por el pedido de regulación, por lo que el proceso no puede continuar en primera instancia.

 

SUMARIADOS. Vicente Morales y Guillermo Ferreiro, abogado de 11 de los 13 campesinos acusados, se encuentran sumariados actualmente por supuestas acciones dilatorias en el proceso. Ambos profesionales aseguran que el sumario se basa en hechos falsos e incluso denunciaron a los auditores de la Corte que dictaminaron a favor del sumario.

http://www.ultimahora.com/a-3-anos-matanza-juicio-se-iniciara-y-aun-no-definen-titularidad-tierras-n904631.html

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Iglesia

Comunicado ante el atentado a la Biodiversidad en el Paraguay

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Varias organizaciones socio-eclesiales se pronuncian a través de un comunicado a la opinión pública, dolidos e indignados sobre el terrible daño que están sufriendo las poblaciones campesinas e indígenas del Paraguay, por el avance de la deforestación, la quema indiscriminada de los bosques, la contaminación del agua, tierra y el aire y el incumplimiento de las leyes ambientales.

Articulación Chaqueña-ACHA, Coordinación Nacional de Pastoral Indígena-CONAPI, Conferencia de Religiosos de Paraguay – CONFERPAR, Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní – REGCHAG, Vicariato Apostólico del Pilcomayo – VAP, Vicariato Apostólico del Chaco – VACH y VIVAT Internacional Py, son las que emitieron el comunicado:

Comunicado ante el atentado a la Biodiversidad en el Paraguay

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Nacionales

Otro proyecto de acueducto para el Chaco?

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Ante el fracaso del primer proyecto de acueducto para el Chaco, que tiene su toma de agua, planta de tratamiento y sistema de bombeo en Puerto Casado – Alto Paraguay, y que debería transportar agua hasta el Chaco Central, recorriendo mas de 200 kilómetros hasta Loma Plata – Boquerón y posteriormente con las aductoras secundarias, llegar hasta Filadelfia, Neuland, Mcal. Estigarribia. También al comunidades del distrito de Tte. 1º Manuel Irala Fernández. Se creó mucha expectativa y antes de que culmine el gobierno de Mario Abdo Benítez como Pdte. de la República, el entonces Ministro de Obras Públicas Arnoldo Winz, hizo mucha promoción de la misma, incluso sabiendo los problemas técnicos que tendría las aductoras principales.

A más de un año sin funcionar y sin planes de reparar el sistema desde el gobierno, van apareciendo otros planes de acueducto, como el planteado por el senador Orlando Penner ex Patria Queridista. Canalización a cielo abierto, desde la zona de Puerto Sastre hasta el Chaco Central o lo que en su momento mencionó el senador Javier Vera – HC, construir un sistema de extracción y transporte de agua desde el acuífero Yrenda hasta Mcal. Estigarribia.

Ahora surge otra propuesta de Bernardo Zarate, gobernador de Pdte. Hayes. Construir un acueducto con toma de agua del río Paraguay en Puerto Pinasco o en la zona del Puente Nanawa, que une el Chaco con el Dpto. de Concepción.

Esto lo hizo en ocasión del acto de aniversario 45 años del cambio de nombre de la ciudad de Tte. 1º Manuel Irala Fernández, ex 25 Leguas

 

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Nacionales

El MTESS y Defensa Pública implementarán plan conjunto para precautelar los derechos laborales

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio de la Defensa Pública coincidieron en la implementación de un plan experimental que permita garantizar, principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad, el acceso a una representación legal para la protección de sus derechos laborales.

Así acordaron durante una reunión celebrada el pasado miércoles en la sede del MTESS, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, y la ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia.

El plan piloto permitirá a las personas que asisten a las audiencias de conciliación del Ministerio de Trabajo y no llegan a una solución concertada con sus ex empleadores, conocer y acceder a los servicios ofrecidos por la Defensa Pública en materia laboral. “Tenemos en la Defensa Pública abogados laboralistas que prestan servicios gratuitos a las personas de escasos recursos”, informó la ministra Segovia.

«Con esta colaboración entre el Ministerio de Trabajo y la Defensa Pública, cerramos el círculo en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores. Es fundamental garantizar que todas las personas, independientemente de su situación económica, tengan acceso a una representación legal adecuada para proteger sus derechos laborales en el ámbito judicial», complementó el viceministro de Trabajo, César Segovia, quien acompañó el encuentro junto con la directora general de Seguridad Social del MTESS, Alejandra Garcete, y el director de Trabajo, Jesús Echauri.

Al respecto conversamos con el Vice Ministro del Trabajo, Cesar Segovia.

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